¿A quién teme Victorino Alonso?

¿A quién teme Victorino Alonso?

En 1996 apareció en el diario El Mundo un artículo alusivo al más poderoso empresario minero de este país, Victorino Alonso (La Vid de Gordón, 1952) en el que se hacía una pequeña reseña biográfica sobre el aludido y sus inicios, titulado  “¿Quién teme a Victorino Alonso?” A 14 años vista, la respuesta parece evidente (todo el mundo) y ahora que Vitorino, o “Don Vito” como cariñosamente le conocen muchos de sus paisanos de la montaña central leonesa y el valle de Laciana, más bien cabe preguntarse ¿A quién teme Victorino Alonso? (si es que realmente teme a alguien)

La industria de la minería del carbón española lleva ya muchos años sentenciada a muerte: su sustitución por los derivados del petróleo a finales de los años 50, la baja rentabilidad de unas explotaciones sumidas en el atraso por el franquismo y el recurso a energías más limpias, han convertido al negro mineral en poco menos que un estorbo en el actual panorama energético español. Y es cuando un animal está herido de muerte cuando aparecen los depredadores para beneficiarse de sus restos, aunque en este caso el depredador haya llegado con la etiqueta de “salvar la minería”.
Victorino Alonso

Victorino Alonso era un Ingeniero Superior de Minas, tercera generación de una familia de empresarios mineros, que se había estado curtiendo en explotaciones familiares, y prácticamente un desconocido,(1) cuando llevó a cabo su fulgurante aparición en la élite del mercado minero. Su padre, Victorino Alonso Suárez, era uno de los fundadores del Banco Industrial de León,(2) y dueño de explotaciones en las cuencas leonesa, asturiana y palentina cuando en 1994 los Alonso se embarcaron en su proyecto más ambicioso hasta la fecha: la adquisición de la mayor empresa española del sector minero: Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP).

 

La polémica compra de MSP
Atendiendo a los aspectos económicos de la operación, MSP se encontraba en situación de quiebra y en concurso de acreedores, siendo Caja España y el Banco Exterior de España sus dueños legales en aquel momento. Así, a finales de 1994, y a través de las compañías Comile, Rioscalsa y Universal Beximport, el Grupo Alonso se hizo con la ruinosa MSP por un montante inicial de unos 1.000 millones de pesetas.(3) Lógicamente, esta operación no pasó desapercibida, y en 1995 el Juzgado de Instrucción número 5 de León solicitó a la Unidad Especial de Vigilancia y Represión del Fraude Fiscal en Castilla y León una investigación para determinar la procedencia de aquellos 1.000 millones que los Alonso habían puesto sobre la mesa a través de tres empresas, pero los resultados de la investigación, que pretendía descubrir una operación encubierta de delito fiscal, fueron, cuanto menos, complejos: en las empresas Rioscalsa y Universal Beximport figuraba como administrador único Antonio de la Fuente, considerado uno de los testaferros de Victorino Alonso, y que curiosamente declaró que desconocía la procedencia del dinero. Por su parte, Alonso sí constaba como administrador de Comile, que a su vez estaba participada por Financial Investment Corporation, también perteneciente a la familia. De la investigación de los depósitos bancarios realizados para satisfacer la operación, se concluyó que gran parte de los ingresos habían sido realizados por la empresa uruguaya Elbeida, de actividad desconocida, accionista de Rioscalsa y curiosamente administrada por Victorino Alonso.(4)

 

Como conclusión, se halló que en la punta de la pirámide del complejo entramado se encontraban tres empresas radicadas en el extranjero: Watercard y Elbeida -ambas registradas en Uruguay-, y Financial Investment Corporation, una sociedad norteamericana inscrita en el Estado de Delaware, de la que Interpol informó que el Departamento de Justicia de EE UU no tenía ningún tipo de información. Como administrador único de estas tres empresas extranjeras figuraba también Victorino Alonso.(5)

Según el informe llevado a cabo por la unidad de policía judicial de la Guardia Civil, Alonso dirigía “un complejo entramado societario de unas treinta empresas, con un valor real de cerca de 20.000 millones de pesetas, un capital social superior a los 2.000 millones y un movimiento de dinero en suministros de unos 40.000 millones”. También según este informe “es tal la complejidad del entramado societario, en el que las acciones se cruzan entre sí, que les desborda su aspecto contable y fiscal”, solicitando una inspección financiera y tributaria ante las evidencias de fraude halladas. Como colofón, Alonso se declaró insolvente y manifestó desconocer la procedencia de los 1.000 millones, además de declarar que no poseía ni una sola acción de las citadas empresas, de muchas de las cuales dijo desconocer su existencia. El empresario también declaró que vivía… ¡de las propinas que le daba su padre!.(5)

El asunto tuvo un final esperpéntico, cuando Vitorino interpuso una querella criminal contra el juez que instruía el caso, Ireneo García Brugos, que curiosamente era hermano de un empresario minero rival de Alonso, Antonio García Brugos, por lo que la demanda por coacciones, prevaricación y chantaje salió adelante.

 

Despegue

Desde la compra de la MSP, el incremento de patrimonio de Alonso ha sido inmenso: poco a poco se fue haciendo con el control de la actividad minera en León, Asturias y Palencia, fusionando y anexionando empresas y explotaciones, hasta el punto de ser el propietario de las dos mayores empresas mineras del país: Coto Minero Cantábrico, donde agrupa MSP y subsidiarias, y Hullas del Coto Cortés y sus explotaciones en Asturias; y Uminsa, siglas bajo las que se encuentra toda la cuenca minera palentina (a excepción de Carbones San Isidro) , Bierzo y Laciana en la leonesa y Narcea y Tineo en la asturiana.

Aún en 2007 causaba sorpresa en la prensa nacional que “un empresario minero leonés” se disputara, nada menos que con Juan Abelló, la compra de una finca de caza de 8.000 hectáreas en Portugal.(6) Alonso es un habitual en los juzgados: en marzo de este año, el Tribunal Supremo le condenó a pagar 13 millones de euros a Unión Fenosa, que le acusó de estafa por falsear la calidad y la cantidad del mineral que suministraba para la central térmica de La Robla. También fue paralizada por un juzgado su explotación de El Feixolín, en Villablino (sus intrigas en Laciana dan para varios volúmenes de una enciclopedia), a lo que respondió con el despido fulminante de cien trabajadores.

 

 

La utilización sistemática del “material humano” como moneda de cambio para sus lucrativas actividades es, quizás, la actitud más inhumana y reprochable de Victorino Alonso. El sector minero español está condenado desde hace años por la Unión Europea, que ha puesto al gobierno español 2014 como fecha límite para cesar en las subvenciones y forzar la desaparición de las explotaciones que no sean rentables. Pero el sector del carbón viene siendo históricamente subvencionado. Su escasa rentabilidad con respecto al mineral importado de potencias emergentes (como Brasil, China o Sudáfrica), donde las grandes explotaciones a cielo abierto con evidente ahorro en plantillas, las nulas inversiones en seguridad y el mínimo gasto en salarios las convierten en una competencia sin rival, ha obligado cada vez más a que el Estado subvencione el carbón nacional pese a las recomendaciones europeas. Como propietario de la mayoría de estas explotaciones, y gestor de estas subvenciones (en 2010 UMINSA recibió 81,6 millones de euros en concepto de ayudas) Victorino Alonso ocupa un puesto preferente a la hora de recibir dinero público. Evidentemente, para eso invirtió en un sector condenado a su desaparición, para eso compró explotaciones en quiebra con un futuro negro y para eso exige periódicamente ayudas al Gobierno bajo amenazas de cerrar explotaciones. Es claro el ejemplo de la cuenca minera palentina: en 1999 Alonso se quedó en exclusiva con una comarca con 55 km de explotaciones de hulla y antracita trabajadas desde mediados del siglo XIX, y en 2010 las había cerrado todas excepto el pozo “Las Cuevas” en Velilla del Río Carrión, donde únicamente mantenía a 100 empleados, más dos cielos abiertos en Guardo y Castrejón de la Peña. ¿Quién, en su sano juicio, compra una comarca minera entera en quiebra, para cerrarla diez años después? Este es Victorino Alonso, para muchos un hombre “hecho a sí mismo”, para otros más castizos “coge el dinero y corre”, pero sobre todo, una figura controvertida que ha pasado de ser un estudiante de ingeniería en Oviedo a una de las fortunas más inmensas del país, lograda a base de adquirir explotaciones mineras deficitarias, la mayoría de las cuales ha cerrado, y que le han reportado pingües beneficios gracias a las subvenciones a un sector en fase terminal.

Misterios sin resolver

Las anécdotas sobre Don Vito alcanzan en algunos casos un tono mítico: Cuentan que estando en el interior de una mina leonesa con el picador y el jefe del taller, un derrumbe los dejó encerrados. Sus dos compañeros se miraron angustiados, temiendo morir allí mismo, y Victorino Alonso sacó unos bocadillos, se sentó a un lado y dijo tranquilamente: «Ya nos sacarán». También son comentadas sus bajadas al tajo, donde una vez le quitó el martillo a un picador y, tras reprenderle «No tienes ni puta idea de picar» asió el pesado instrumento y dio una lección a los presentes de cómo se pica en una rampa. A nadie extrañan sus exigencias públicas a políticos de todo pelo para que autoricen sus desmontes, so pena de “salvar la zona”, como cuando propuso al ayuntamiento de Guardo la explotación de 500 hectáreas a cielo abierto a cambio de dar empleo “a toda la juventud” de la comarca.(7)

A pie de calle, una de las coletillas que más suenan a la hora de referirse a Victorino es que “hay alguien detrás”. La verdad es que a un mileurista común, le huele poco menos que a cuerno quemado que un señor que en 1995 era insolvente adquiera toda la cuenca carbonífera del norte de España, cierre explotaciones, se lleve las subvenciones, actúe con total impunidad en temas medioambientales, judiciales, municipales y hasta fiscales y nadie se proponga pararle los pies desde que en 1997 el Secretario de Estado de Industria, Nemesio Fernández-Cuesta, informó en el Congreso de los Diputados de sus sospechas sobre sus actividades.(8) En estas condiciones, ¿a quién teme Victorino Alonso? Me temo que a nadie. A la vista de las evidencias, Don Vito ya ni se preocupa por guardar las formas. Su último órdago ha tenido las víctimas de siempre: los mineros. Esos a los que en julio ha dejado de pagar las nóminas argumentando una falta de liquidez en sus empresas que atribuye a que las térmicas están paradas y no le compran carbón. Ahora quiere forzar al estado a la firma de un decreto que obligue a las eléctricas a consumir más carbón nacional (que equivale a decir su carbón). Dicho de otro modo: quita el pan a los obreros para forzarles a movilizarse buscando desesperadamente subvenciones para que el patrón les pueda dar el jornal. Alonso se ha convertido en el intermediario entre el dinero público que mantiene el sector y los mineros desesperados, y eso le da un poder casi ilimitado.

Un día afirmó el también leonés Enrique García, ex-Director General de Minas, que “Victorino Alonso era una bendición para el sector”. A la vista de los acontecimientos, con la mayoría de las minas cerradas, las cuencas mineras en crisis galopante, la reducción de empleos en más de un 80% y la permanente situación deficitaria de las explotaciones que siguen funcionando, sumado a los miles de millones de dinero público invertidos para su reconversión y el monstruoso enriquecimiento del empresario, cabe preguntarse si lo que realmente quiso decir Enrique García fue “maldición”. Por si fuera poco, Victorino es el presidente de Carbunión, la Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón, en una nueva versión de “el Estado soy yo”.

Confiemos en el buen corazón de Victorino, y que el “año 0 después del carbón” pueda emplear a sus mineros en Comile, Rioscalsa, Universal Beximport, Watercard, Elbeida, Financial Investment Corporation, Ferpi Construcciones y Obras, Peninsular y Contratas, Norfesa o ATP.